[spa] El caso que se analiza es una agresión que tuvo lugar una noche de viernes en el Paseo Marítimo de Palma. Juan Martínez, acompañado de su novia María Jiménez, fue agredido por Pedro Álvarez, practicante de boxeo, mientras regresaba andando a su casa. Como resultado de dicha agresión, consistente en un único puñetazo en la cara, Juan sufrió una fractura doble mandibular, que requirió de tres intervenciones quirúrgicas para su sanación, y la pérdida de una pieza dental, que tuvo que ser sustituida por otra. De esta descripción ya puede esgrimirse que nos encontramos ante un delito de lesiones. Pese a la simplicidad que aparenta entrañar este supuesto, no es única ni unánime la solución en la que puede desembocar la causa penal. Es por ello por lo que, a lo largo del análisis teórico de estos hechos, se van a ir considerando las distintas calificaciones jurídicas en las que se podrían incardinar los mismos, siguiendo el hilo conductor del letrado acusador hasta la calificación jurídica que éste realiza en su escrito de acusación. A su vez, del análisis teórico vamos a extraer las conclusiones a las que llega la defensa para proponer la estrategia que le proporcione la resolución más ventajosa del procedimiento judicial. La clave de este caso es la identificación del sujeto agresor, llevada a cabo por la novia de la víctima a través de las fotos de la red social Facebook que el agresor tenía en su perfil. Víctima y agresor no se conocían con anterioridad a aquella noche, si bien antes de la agresión, la víctima y la novia habían presenciado cómo Pedro discutía con su pareja. Esta circunstancia es la que permitió su posterior identificación, pues María y Juan oyeron dicha disputa. Esta característica de la noche en la que sucedieron los hechos nos lleva a la necesidad de analizar las consecuencias jurídicas de esta forma tan poco ortodoxa de identificación y si, es por ello, menos válida o un arma de doble filo para todas las partes involucradas. Vamos a descubrir cómo está afectando el desarrollo tecnológico a la proposición y práctica de las pruebas penales en nuestro ordenamiento jurídico, su consideración como prueba ilícita y su posible expulsión del procedimiento.